El martes 27 de octubre, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de reforma al mercado de capitales, conocido como MK4. Sin embargo, durante la votación en particular, rechazó la propuesta que facultaba a las AFP para abrir y administrar cuentas de capitalización habitacional y ofrecer planes de ahorro voluntario destinados a reunir el pie para una vivienda. La disposición, correspondiente a la letra f) del artículo 5°, obtuvo 88 votos en contra y 48 a favor, por lo que no alcanzó los respaldos necesarios para su aprobación. De esta manera, las AFP quedaron excluidas de las entidades autorizadas para administrar las nuevas cuentas de ahorro habitacional contempladas en el proyecto.

La reciente información publicada por Diario Financiero, que estima en más de US$ 11.000 millones el impacto negativo asociado a swaps de tasas de interés en los fondos de pensiones, abre una discusión que debería ir mucho más allá de determinar si las operaciones estaban permitidas por la regulación. El debate de fondo es si los riesgos asumidos por las AFP fueron adecuadamente identificados, medidos, monitoreados y controlados, considerando que estas instituciones administran el ahorro obligatorio de millones de trabajadores chilenos. Cumplir la regulación es una obligación. Gestionar prudentemente los riesgos es una responsabilidad que no puede limitarse al cumplimiento normativo.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso en consulta pública una propuesta normativa que busca exigir la exhibición de la cédula de identidad a quienes realicen depósitos en efectivo por montos iguales o superiores a $1 millón, o su equivalente en moneda extranjera. La medida, anunciada el 27 de octubre, contempla su aplicación en bancos, cooperativas de ahorro y crédito y empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias. Además, las instituciones financieras podrán extender este control a depósitos de montos inferiores, de acuerdo con sus propias políticas.

La situación del empleo en Chile vuelve a encender las alertas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondientes al trimestre julio-septiembre de 2026, la tasa de desocupación nacional llegó al 9,8%, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales en doce meses. En total, 1.007.976 personas se encuentran sin empleo. El resultado se explica por un aumento de las personas desocupadas, que crecieron un 15,3% en un año, junto con una disminución del 1,1% en el número de personas ocupadas. Las cifras reflejan un escenario complejo para miles de hogares que deben sostener sus gastos cotidianos en un contexto de incertidumbre laboral.