La fuerte caída del Fondo E de las AFP ha encendido las alertas sobre la forma en que se administran los ahorros previsionales en Chile. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones citadas por La Tercera, este fondo registró una rentabilidad negativa de 4,92% en septiembre y acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026. El resultado ha generado cuestionamientos hacia las administradoras, especialmente por el uso de instrumentos financieros derivados que habrían amplificado el impacto del alza de las tasas de interés sobre las inversiones. Desde CONADECUS, consideramos fundamental que este episodio sea abordado con transparencia y responsabilidad, poniendo en el centro a las personas cuyos ahorros previsionales se encuentran expuestos a estas decisiones de inversión.

Las pérdidas registradas por los fondos de pensiones D y E mantienen la preocupación por el impacto que estas variaciones pueden tener en los ahorros previsionales, especialmente entre quienes se encuentran próximos a jubilarse. En este contexto, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, llamó a los afiliados que estén en condiciones de hacerlo a evaluar la posibilidad de postergar su jubilación por algunos meses, mientras se esclarecen las eventuales responsabilidades de las administradoras. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, entre enero y septiembre de 2026 el Fondo E registró una rentabilidad real acumulada de -10,39%, mientras que el Fondo D cayó un 6,38%. Estos resultados han generado cuestionamientos sobre las estrategias de inversión utilizadas por las AFP y su exposición a instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos.

Un fallo considerado histórico para la justicia ambiental chilena condenó al empresario Cristian Esteban Zaro Ponce a cinco años de libertad vigilada intensiva y al pago de una multa de 30.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a más de $2 mil millones, por delitos relacionados con la contaminación ambiental grave y la tala no autorizada de vegetación nativa en la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos. La sentencia, dictada el 19 de octubre por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, constituye la primera condena en Chile bajo los nuevos delitos ambientales incorporados al Código Penal por la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales.